| Archives du Réseau for Apr5-98 | Sun, 5 Apr 1998 | Vol. 2.49 |
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Date: 5 Apr 1998 17:45:21 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Droits humains en Colombie, 1/2
COALICION PRO-DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA / MONTREAL.
COLOMBIA
(2de abril de 1998)
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Subject: SOLICITUD DE APOYO URGENTE (fwd)
SOLICITUD DE APOYO URGENTE PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS E INDIGENAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCO Y DENUNCIA DE LA DIOCESIS DE QUIBDO - COLOMBIA.
La Corporacion Servicios Profesionales Comunitarios "Sembrar", Organizacion No
gubernamental de Derechos Humanos, reconocida por la Alcaldia Mayor de Santafe
de Bogota mediantepersoneria juridica No 272 del 27 de abril de 1990, pone en
conocimiento de la opinion publica nacional e internacional lo siguiente:
1. El Departamento de Choco, region del Noroccidente Colombiano, desde finales
de 1996 viene presentando una grave situacion de violacion a los derechos
humanos, donde los miembros de las comunidades indigenas y negras son las
victimas.
2. Esta situacion se ha venido presentando en medio de un supuesto conflicto
armado, luego de que el Ejercito comenzara a realizar operaciones de control
dentro de estos territorios y que se hicieran presentes en la zona los grupos
paramilitares.
3. En reiteradas ocasiones se ha denunciado que las acciones se han dirigido
contra los miembros de las comunidades indigenas y negras, quienes han tenido
que abandonar los territorios y desplazarse a lugares como Quibdo, Turbo,
Bocas de Atrato, San Jose de Apartado y Pavarando, ademas de otras ciudades
del pais que se han convertido en lugares de recepcion.
4. De acuerdo a lo denunciado por estas comunidades en situacion de
desplazamiento, las agresiones se han venido presentando a partir del momento
en que el gobierno manifiesta su interes por explotar economicamente a la
region.
5. Estas comunidades han contado con el acompanhamiento de las Diocesis de
Quibdo, Apartado y varias ONG's, buscando que el gobierno nacional asuma su
responsabilidad acorde al articulo 17 del Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra, no obstante, en pronunciamientos publicos y a medios de
comunicacion, los funcionarios gubernamentales han manifestado que los asesores
de estas comunidades no facilitan el desarrollo de laslabores gubernamentales,
no reconociendo la responsabilidad que el Estado tiene en las diferentes
denuncias que sobre el descuido en atencion de emergencia, los desplazados han
presentado.
6. Nos preocupa que la labor de asesoria, del cual hace parte la Corporacion
Sembrar, a las comunidades desplazadas sea senhalada, tal como queda
manifestado en el comunicado de la Diocesis de Quibdo
7. Ademas de lo anterior, esta zona esta presentando altos indices en epidemias
tales como paludismo, colera y hepatitis, sin que se hayan presentado
campanhas del sistema publico de salud para atender la urgencia, diesmandose la
poblacion indigena, que es tan solo de 40.000 habitantes.
Asi, consideramos que es preciso dar a conocer la grave situacion que la
poblacion del departamento del Choco y para ello reproducimos los siguientes
comunicados emitidos por los desplazados, los indigenas y la Diocesis de Quibdo.
1. LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL BAJO Y MEDIO ATRATO CHOCOANO DESPLAZADAS,
ASENTADAS EN EL COLISEO DE QUIBDO, HAN EXPEDIDO EL SIGUIENTE COMUNICADO.
PAREDON DE BLASFEMIAS
PARA QUE LA VERDAD LLEGUE A TODOS LOS RINCONES DE LA TIERRA
Porque la mayor gloria de Dios es que el pueblo Viva.
Porque nuestros ancestros lucharon y murieron para dejarnos esta tierra bendita.
Porque creemos que se ha llegado el dia de levantar nuestra voz.
Por eso hoy, los desplazados albergados en el Coliseo de Quibdo, decimos NO
MAS! a tanta corrupcion, a la ley del serrucho y el coma callado, a la
politequeria, a la mentira y el enganho, a quienes siendo de nosotros se
comportan como los otros.
Que es lo que pasa en Quibdoque no nos quieren servir
lo que pasa es que ellos creen que vinimos a pedir.
Aquellos servidores que no tienen corazon ellos siempre han querido es cogerla
por monton.
Por eso hoy denunciamos:
1. A la senhora Luz Maria Valderrama, ex-asesora para el Desarrollo Social y
la Convivencia Pacifica de la Gobernacion del Choco, por comprometerse a
ejecutar los dineros que el pueblo de Quibdo dio en la "Radioton" del 2 de
mayo de 1997 para los desplazados y hasta la fecha no ha cumplido.
2. Al senhor Pedro Luis Alvarez, director del Hospital San Francisco de Asis,
quien el 20 de Octubre de 1997 y en enero de 1998 se comprometio a dar la
atencion medica y los medicamentos para los desplazados y, hasta la fecha no
ha cumplido.
3. A los senhores Franklin Orlando Mosquera, ex-gobernador del Choco, por el
robo o uso inadecuado de $10'000.000 destinados por el gobierno nacional para
la atencion en salud de los desplazados.
4. Al senhor Ventura Diaz, Asesor para el Desarrollo Social y la Convivencia
Pacifica de la gobernacion del Choco, quien en enero de 1998 se comprometio a
resolver el problema educativo de los ninhos y jovenes desplazdos y hasta la
fecha son mas de 45 los ninhos y jovenes a quienes aun no se les ha atendido.
5. Al senhor Ventura Diaz, quien en enero de 1998 se comprometio por parte de
la Gobernacion del Choco, a suministrar alimentacion a los desplazados y, hasta
la fecha no ha cumplido.
6. Al senhor Arnobio Cordoba, alcalde de Quibdo, quien en enero de 1998 se
comprometio a arreglar los desag^nes y el tanque de agua de las instalaciones
del Coliseo, y hasta la fecha no ha cumplido.
7. Al senhor Gerardo Villamil, delegado del Ministerio de Educacion Nacional,
quien el 28 de enero de 1998, anuncio $50'000.000 para los utiles escolares de
los ninhos desplazados, de los cuales sabemos ya se gastaron aqui en Quibdo la
mitad, y hasta la fecha no ha cumplido.
8. Al senhor Ventura Diaz y a la senhora Ilma Zabala, directora de la Red de
Solidaridad, quienes se comprometieron el 10 de febrero de 1998 a dar los
respectivos aportes para la alimentacion de los desplazados y, hasta la fecha
no han cumplido.
9. A la Cruz Roja Departamental y Nacional, quien el 2 de marzo de 1998 nos
proporciono mercados con panela en descomposicion, leche con dos meses de
vencimiento y avena rancia.
10. A la Cruz Roja Departamental y Nacional, quien el 11 de marzo de 1998 se
comprometio a adecuar en el Coliseo tanques de agua para 15.000 litros y, hasta
la fecha no ha cumplido.
11. A la Cruz Roja Departamental y Nacional, quien nos prometio la consecucion
de colchonetas, toldillos, cobijas,recipientes para el almacenamiento del agua,
utensilios de cocina y, hasta la fecha no ha cumplido.
12. A la Oficina de Saneamiento Ambiental del municipio de Quibdo, quien se
comprometio a arreglar todas las conexiones de agua del Coliseo y la
rehabilitacion de ocho sanitarios y doce duchas y, hasta la fecha no ha
cumplido.
13. A la Gobernacion del Choco, la Alcaldia de Quibdo, la Red de Solidaridad,
Bienestar Familiar, Procuraduria, Defensoria del Pueblo, Fiscalia, Personeria,
Incora, Hospital San Francisco de Asis, Fuerza Publica, quienes no se hacen
presentes ante la convocatoria reiterada de los desplazados para solucionar
este problema.
14. A la Fuerza Publica porque aun aqui en Quibdo se sigue matando y
desapareciendo poblacion inocente de esta guerra absurda y no existe ninguna
accion efectiva al respecto.
Cuando me vaya de aqui
solo le agradezco a Dios
porque a aquellos servidores
no les debo ni un adios.
Nosotros, los que ayer soportamos que se nos desarraigara de nuestra tierra.
Nosotros, los que ayer soportamos las cadenas y el latigo del amo. Nosotros,
los que ayer resistimos como cimarrones en palenques y quilombos.
Nosotros, los que hoy padecemos los bombardeos, las masacres y el
desplazamiento.
Nosotros, convocamos a los hermanos y hermanas de aqui y de alla, a los que
estan cerca y a los que estan lejos, para que juntos desterremos el mal
gobierno y construyamos un futuro negro y bonito para nuestros hijos.
DESPLAZADOS ALBERGADOS EN EL COLISEO DE QUIBDO
CHOCO/COLOMBIA
MARZO DE 1998
Por favor enviar sus comunicaciones de apoyo manifestando
que se conoce la situacion a:
Comunidad desplazada asentada en Quibdo
Coliseo Municipal de Quibdo
Quibdo - Choco
Colombia
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Date: 5 Apr 1998 17:45:31 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Droits humains en Colombie, 2/2
2. LA OREWA, ORGANIZACION INDIGENA REGIONAL EMBERA WOUNAAN
UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA E IDENTIDAD
Personeria Juridica No. 00988 de Noviembre/79, emiten el
siguiente:
Comunicado a la Opinion Publica
Como si no fuera suficiente la zozobra, la incertidumbre y el temor en que
el conflicto armado tiene sumido a la poblacion chocoana, las comunidades
indigenas padecen una epidemia de paludismo, colera y hepatitis que segun los
estimativos y proyecciones puede haber cobrado la vida de mas de 500 indigenas,
en los ultimos ocho meses; es decir aproximadamente el 2% de la poblacion
indigena del Departamento.
Segun la informacion aportada por los gobernadores indigenas presentes en la
Junta Directiva de la OREWA, realizada en esta ciudad entre el 22 y 25 de
Marzo, de junio pasado hasta la fecha han muerto 327 personas en solo 85
comunidades indigenas del Departamento y, en el mismo numero de comunidades,
en el momento seencuentran enfermos 3.231 indigenas.
A la desatencion por parte del Ministerio de Salud, el servicio seccional y las
entidades territoriales, se suman las restricciones que tanto el Ejercito como
los grupos guerrilleros y paramilitares, ejercen sobre el transporte de viveres
y medicamentos en las zonas rurales, lo que agrava aun mas la situacion.
Desde finales del anho pasado, tanto en la OREWA como los cabildos locales y
mayores, mediante multiples oficios, han solicitado a las autoridades de salud
del Departamento, que implementen medidas para hacerle frente a la epidemia,
tales como brigadasmedicas, medicamentos y fumigacion. Sin embargo solo hasta
ahora, cuando la situacion se ha vuelto critica, se han realizado brigadas de
salud en las comunidades indigenas de Jagual, Marcial y Pichinde, en el rio
Chintado, Catru, La Esperanza y el Alto Andagueda. Ni
siquiera se han implementado medidas tan sencillas y de bajo costo como el
suministro de insumos, medicamentos y reactivos para las comunidades que
cuentan con microscopio y promotores de salud capacitados en el diagnostico y
el tratamiento de la malaria.
Debido a la ineficiencia del Departamento Administrativo de la Salud del Choco,
para atender la actual crisis y al caos administrativo en que se halla sumido
el sector salud del Departamento, como resultado de una rees- tructuracion
anarquica y politizada creemos que es necesario que se declare la emergencia
sanitaria para las comunidades indigenas y que el Ministerio de Salud
intervenga administrativamente los servicios seccionales de salud.
La incapacidad de las autoridades nacionales y departamentales para atender
la actual crisis de salud, demuestra que el modelo de atencion en salud a los
pueblos indigenas contemplado en la Ley 100 de 1993, no garantiza una atencion
eficiente y oportuna a las comunidades indigenas. Como lo planteo elelecto
senador indigena Francisco Rojas Birry en la mencionada Junta Directiva, este
modelo es discriminatorio y excluyente, como lo demuestra el caso del Alto
Baudo, donde el regimen subsidiado de salud solo ofrece atencion a 700 de los
6.500 indigenas del municipio. En el Carmen de Atrato la Empresa Solidaria de
Salud Carmelenha, solo atiende en consulta externa tres veces a la semana y
frecuentemente no suministra la droga formulada.
A pesar de esas anomalias, el Departamento Administrativo de la Salud del
Choco, ha querido imponer a las comunidades indigenas su vinculacion al regimen
subsidiado de salud, como condicion para que reciban atencion en hospitales y
puestos de salud.
En este sentido, la posicion del movimiento indigena nacional y la OREWA, es
que los pueblos indigenas deben contar con un modelo de atencion en salud, en
concordancia con lo establecido por el decreto 1811 de 1990. En dicho decreto,
articulo segundo, se establece que "todo programa de salud que se proyecte
adelantar en comunidades indigenas, debera ser previamente acordada con ellas
y aprobada por los respectivos cabildos o autoridades que ejerzan el gobierno
interno en las mismas".
En vista de ello, la OREWA y las autoridades indigenas han insistido ante el
Departamento Administrativo de la Salud del Choco, en la necesidad de acordar
una agenda de trabajo para definir un modelo de atencion a las comunidades
indigenas del Departamento.
COMITE EJECUTIVO
3. LA DIOCESIS DE QUIBDO
Gobierno Eclesiastico
Quibdo, Choco
Marzo 26 de 1998
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
La diocesis de Quibdo ante las recientes informaciones y declaraciones dadas en
algunos medios de comunicacion locales se permite aclarar :
1. Ratificamos una vez mas nuestra "Opcion fundamental por la Vida" y nuestra
confesion de fe en Jesus, el Hijo de Dios que vino para que tengamos vida y
vida en abundancia (Jn 10, 10), y que dio su vida por los pobres y oprimidos.
2. Reiteramos nuestra voluntad de seguir apoyando y fortaleciendo los
distintos procesos organizativos del pueblo negro e indigena.
Nuestra historia reciente de suma a sus luchas por la defensa del territorio
asi lo ratifican.
3. Ante los acontecimientos de guerra y muerte que de manera contundente
desde hace dos anhos azota nuestra region, la Diocesis de Quibdo de manera
incondicional viene haciendo presencia en medio de los desplazados. En el caso
particular de quienes se encuentran albergados en el Coliseo Quibdo se les ha
venido acompanhando a traves del apoyo y animacion de los grupos de ninhos,
mujeres y jovenes, como tambien en las tareas de catequesis, de produccion de
traperos y escobas y, en el seguimiento a sus comites de funcionamiento interno.
4. Rechazamos los recientes rumores que senhalan a la Diocesis de Quibdo como
responsable de las decisiones, opiniones y denuncias que de manera autonoma
han venido expresando los desplazados.
5. El riesgo en que ha sido puesta la vida de los miembros de la Diocesis y de
la comunidad desplazada en general, tiene como responsable a quienes de manera
irresponsable vienen haciendo tales acusaciones y senhalamientos.
6. Una vez mas afirmamos nuestra decision y compromiso con un RETORNO DIGNO,
que garantice las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la vida de
las comunidades que retornan.
7. En ningun momento el apoyo y trabajo de defensa de los Derechos Humanos
redunda en beneficios diferentes a los que brinda la satisfaccion de cumplir
con la labor evangelizadora.
8. La Diocesis reafirma su apoyo a toda denuncia hecha por el pueblo chocoano
a traves de sus organizaciones que desenmascare la corrupcion, el abandono y
los incumplimientos de las responsabilidades estatales que atenten contra la
vida de las comunidades mismas.
ACCIONES SOLICITADAS
1. Enviar pronunciamientos a las Autoridades Colombianas manifestando que se
conoce la situacion de los desplazados asentados en la ciudad de Quibdo,
solicitandole que asuma su deber de brindar ayuda humanitaria, acorde a lo
previsto en el Articulo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginbra.
2. Solicitar que les sean respetados los derechos de minorias etnicas a las
comunidades Negras e Indigenas del Choco, asi como sus derechos al Territorio,
a la Cultura, a la Identidad y a la Autonomia.
3. Solicitar que sea atendida la emergencia epidemica que los Indigenas
Embera estan viviendo.
4. Solicitar que sea respetada la labor de los Asesores de los Desplazados,
Diocesis y Sembrar, y que no se desvie la atencion de la responsabilidad
estatal en la ayuda humanitaria.
Favor dirigir comunicaciones a:
Doctor ERNESTO SAMPER PIZANO, presidente del Republica de Colombia,
Palacio de Narinho, fax: 571-2842186. Santafe de Bogota.
Doctora SONIA ELJACH, Consejera Presidencial para los Derechos
Humanos, fax: 571 3418364, Santafe de Bogota.
Doctor JAIME BERNAL CUELLAR, Procurador General de la Nacion, fax 571
2840472, Santafe de Bogota.
Doctor ALFONSO GOMEZ MENDEZ, Fiscal General de la Nacion, fax
571-2882828, Santafe de Bogota.
Doctor FERNADO CASTRO CAICEDO, Defensor del Pueblo, fax 571-3461225,
Santafe de Bogota.
Doctor CESAR MANUEL GARCIA NINHO, Consejero Presidencial
para Desplazados, fax 571- 3371339 Santafe de Bogota.
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Date: 5 Apr 1998 17:45:42 -0500
From: martin@laurentides.net
Subject: Effet des politiques conservatrices sur le soutien aux femmes battues et à leur famille
Dans cet article, la journaliste torontoise Michele Landsberg parle de la
réalité des maisons d'hébergement et de transition de l'Ontario, dont le
financement a été détruit par le gouvernement Harris au nom d'une réduction
d'impôts pour la classe moyenne.
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HUSTLING IN HARRISLAND TO SAVE WOMEN'S LIVES
MICHELE LANDSBERG, TORONTO STAR, SATURDAY APRIL 3 PAGE L1
If you're a worker in human services in Ontario, or even just a committed
volunteer, cleaning up after Mike Harris's tax cuts is like walking behind
the horses in the Santa Claus parade. Santa may be up there grinning and
waving, but you're down on the ground where reality is pungent, and you're
shovelling faster and faster.
Two years ago, with a fine flourish of their pens, the guys in suits at
Queen's Park eliminated all funds --- every cent of the $2.3 million --- for
second-stage housing in Ontario. Of the 22 programs across the province,
three were forced to close. In the others, a skeleton staff struggles to
keep open the houses and apartments where women and children who have fled
from violent spouses ready themselves for a new life.
Women fleeing violence are entitled to just six weeks in a crisis shelter.
After that, many find they have no choice but to return to their batterers.
If they refuse to go back, this is the frightening moment when they are
most likely to be stalked, threatened or killed by ex-partners.
For these women and their children, second-stage housing --- offering up to
a year of safety and counselling --- is vital. Six weeks is barely enough
time to pull oneself out of shock after a crisis. Traumatized children and
their badly shaken mothers, suddenly homeless, need strong support. Before
Harris, they had it: counselling for the children, liaison with the school,
accompaniment to scary court hearings, skills training for mothers. "It
takes monumental courage and perseverance to leave a violent relationship,"
said Leighanne Burns-Campagna, director of Ottawa's Harmony House.
Now all these programs are floundering. Phyllis Lonsbary is the program
director for Quetzal Family Homes in Simcoe. Her litany of frantic
fund-raising efforts says it all. "In the last year alone, we have held a
bake sale, garage sale, plant sale, 50/50 draw, brunch with Santa, golf
tournament, two fashion shows, and rode in a monster bike challenge, took
collection at a Sunday Gospel show and kept our Friends of Quetzal campaign
(barely) alive." Corporations, I learned, have not been responsive to pleas
for donations. In an interview with five other second-stage program
directors from around Ontario, I heard the same refrain. "We are exhausted,"
said Rosita Hall of Hamilton Second Stage. "Services are eroding as we speak
- --- women are in more danger as they are shunted around the system," said
Dr. Mavis Norton, co-ordinator of a multi-agency anti-violence team in
Haldimand-Norfolk. Most of the program leaders have written eloquent and
reasoned letters to the eight cabinet ministers who are responsible for
issues of violence against women. Not one has answered. (Too busy golfing
at tax-free country
clubs?) Not one has agreed to visit or consult.
"The Tories keep announcing, over and over again, the same $27 million for
violence against women initiatives over four years, but almost all of it
goes to legal and court programs," said Lonsbary.
Meanwhile, although the government points to the physical walls and roofs
left standing and insists that second-stage housing is untouched, one
director dismisses that as a myth:: "Without the support programs, second
stage is like hospitals with no doctors."
Because legal aid is virtually gone, second stage is gone, community
supports are gone and welfare has been slashed, more and more women are
returning, kids in tow, to violent men. There will be more murders.
All this so that the average Ontario couple earning $55,000 can revel in a
tax cut of $2.98 a week.
The murdered women, the brutalized children, are what Lonsbary calls
"collateral damage": fallout from the Mike Harris's nuclear winter for
social services. "The Harris government talks about children's needs," said
Burns-Campagna. "But children of violence are more likely to become either
victims or batterers. We see kids who, without help, 10 years from now will
be in a shelter or putting some other woman there." She remembers an eight
year old girl who, during the O.J. Simpson trial, drew a picture of a puppet
with a gun at its head, labelled "Nicole is a girl." The family was
counselled and this year, the girl returned for a visit. This time, her
picture was cheekily captioned "Women Rule!"
I asked a foolish question of Lonsbary; I asked her if she could tell me
any of the success stories from her many years of service. She paused. "More
than 130 women and 250 children are alive because of our services," she said
with quiet anger. "They are alive. That's our success."
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Les chroniques de Michele Landsberg paraissent chaque samedi et chaque
dimanche sur le site Web du Toronto Star: www.thestar.com, sous les
rubriques Life-Ent (samedi) et News (dimanche).
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DIFFUSION AUTORISƒE
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Date: 5 Apr 1998 17:45:51 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: L'AMI n'est pas mort
OECD: "MAI very much alive"
Forwarded message.......
** Reuters article on the status of the MAI.**
OECD investment pact ``not dead,'' just convalescing
08:37 a.m. Mar 26, 1998 Eastern
PARIS, March 26 (Reuters) - An OECD treaty on investment liberalisation
is not dead even if an initially hoped-for deal by end-April is no
longer on the cards, OECD Deputy Secretary General Joanna Shelton
said on Thursday.
``Contrary to reports saying otherwise, the MAI treaty is not dead.
MAI remains very much alive at the OECD,'' Shelton told reporters.
``Yes, there is a time problem. This is simply proving more complex
than thought at the beginning. Every agreement is toughest at the
end,'' she said.
U.S., French and other key players said after talks in mid-February
the treaty -- called the Multilateral Agreement on Investment (MAI)
- -- was far from acceptable and the U.S. team at the talks said they
saw no deal by the end-April deadline.
Since then, the Organisation for Economic Co-operation and Development
has been going to considerable lengths to keep the momentum going
and saying the project will survive, even if it has taken a knock.
Rather than go for broad political agreement on the treaty at the
annual ministerial meeting on April 27-28, the OECD's Paris-based
secretariat is now limiting its ambitions to securing a renewed
political mandate.
Shelton told a news briefing the treaty might have stalled but that
representatives of the 29 OECD countries as well as the European
Commission made it clear at a meeting here last week there was a
unanimous political will for it.
The April 27-28 meeting was expected to back this up with a fresh
negotiating mandate.
While bilateral agreements exist between many OECD states on fair
treatment of investors, the OECD treaty is a first attempt to create
an extensive, multilateral pact obliging countries to treat foreign
investors in the same way as they treat their own.
Among other things, the treaty could affect national rules on
foreign ownership restriction, notably in the domain of corporate
privatisation, as well as the way governments hand out subsidies.
One of the main snags in the talks is the insistence by France and
several other major players that the U.S. repeal trade sanctions
legislation such as the Helms- Burton Act against Cuba on the
grounds that the U.S. cannot have laws which also hit at other
countries doing business with Havana.
Shelton stressed that the Helms-Burton conflict was being dealt
with elsewhere than at the OECD -- mainly between the European
Commission in Brussels and Washington -- but she conceded that a
deal on this issue was crucial.
``It is very important that it is resolved so that the political
atmosphere on MAI can be positive,'' she said.
U.S. negotiators said in February that they could not live with
the treaty as it was shaping up and noted that they had problems
with exceptions being negotiated from the rule of non-discrimination.
Those included a waiver clause to protect European government
actions linked to European Union integration.
France is also insisting along with Canada that cultural material,
for the large part cinema, be exempted from the investment
liberalisation treaty, as it was from free trade rules at the World
Trade Organisation in Geneva.
Other OECD officials at the briefing said Frans Engering, who is
standing down after three years chairing MAI treaty talks in Paris,
had produced new proposals last week in an attempt to generate a
consensus on protection of the environment and labour standards.
One of the officials said four key proposals had been put on the
table, including an important new provision which would legally
oblige signatory states not to compete for inward investment by
lowering labour or environment standards.
((Brian Love, Paris newsroom, +33 1 4221 5452, fax +33 1 4236 1072,
paris.newsroom+reuters.com))
Copyright 1998 Reuters Limited
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Date: 5 Apr 1998 17:46:07 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Carta Giraldo, 1/2
JAVIER GIRALDO: CARTA 1/2
COALICIîN PRO DERECHOS HUMANOS POR COLOMBIA / MONTREAL.
Montréal, 3 de abril de 1998.
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Subject: Long one from Fr Javier Giraldo
Santafé de Bogotá, marzo 30 de 1998
DoctorJAIME CORDOBA TRIVI„O
Vicefiscal General de la Nación
Ciudad
Estimado Doctor Córdoba:
Reciba un atento saludo.
Quiero poner en su conocimiento hechos graves que involucran a la
institución de la Fiscal’a, no para solicitar el inicio de procesos
judiciales formales en los cuales tenga ánimo alguno de participar como
denunciante, sino para dejar una constancia histórica y una enérgica
censura moral sobre estos hechos y procedimientos.
Como Usted bien lo sabe, Doctor Córdoba, dados sus desempeños en otras
instancias de control del Estado, como la Procuradur’a y la Defensor’a
del Pueblo, nuestra Comisión de Justicia y Paz solicitó encarecidamente
durante una década a las instancias judiciales, disciplinarias y
administrativas del Estado, esclarecer centenares de cr’menes que afectaron
gravemente a sectores empobrecidos y marginados del pa’s, sancionar a los
responsables y reparar y proteger a las v’ctimas, sin lograr lo más
m’nimo de justicia.
En numerosos de esos casos nos atrevimos a colaborar con la justicia
facilitando el acceso a testigos y familiares de las v’ctimas, logrando,
como œnica cosecha, atraer represalias fatales sobre familias y
comunidades enteras e incluso procesos penales contra nosotros por cumplir con
el deber moral de denunciar y pedir justicia. La absoluta impunidad que cobija
a absolutamente todos los responsables de los cr’menes que hemos
denunciado, nos inhibe para seguir confiando en el aparato de administración
de justicia como v’a para la bœsqueda de la verdad, para la aplicación de
medidas sancionatorias, para la protección de las v’ctimas y para la
reparación de los enormes destrozos de todo orden que los cr’menes han
dejado. Baste mencionar en sustento de ésto, los varios centenares de
cr’menes perpetrados por el Estado en la región chucureña del
departamento de Santander; los varios centenares de cr’menes perpetrados en
Trujillo por la alianza entre fuerza pœblica, narcotraficantes y
paramilitares; el millar de cr’menes perpetrados en el departamento del Meta
por los mismos actores,
reseñados en nuestras denuncias; los centenares de cr’menes perpetrados en
el
Magdalena Medio y los centenares del Putumayo, as’ como el centenar que
denunciamos en el œltimo año, perpetrados en la región de Urabá, para
mencionar solo aquellos en los cuales hemos intervenido directamente, como
Comisión de Justicia y Paz, en demanda apremiante de justicia.
Pero si es aterradora la impunidad en que continœan todos estos cr’menes,
más aterrado-res están resultando los desempeños de agentes de la
Fiscal’a en el desarrollo de supuestos procesos de "instrucción" de los
mismos:
El 1 de diciembre de 1997, uno de los campesinos desplazados del Chocó,
HERMINIO PALOMEQUE MOSQUERA, fue sacado de uno de los albergues que
nuestra Comisión de Justicia y Paz construyó en Turbo para aliviar en parte
la situación infrahumana en que el Gobierno mantiene a millares de
desplazados del Chocó. Al d’a siguiente su cadáver baleado y torturado
era hallado en la v’a que de Turbo conduce a Apartadó. Seguramente
instancias
internacionales ante las cuales hemos elevado clamores desesperados, dada la
falta de una respuesta interna, han exigido al Gobierno Nacional que haga
justicia en este caso.
El viernes 13 de marzo se presentaron en el albergue dos funcionarias de la
Fiscal’a de Turbo, armados, y preguntaron por la viuda de Herminio. En
presencia de muchos alber-gados le preguntaron si recordaba al hombre que se
hab’a llevado a su marido. Ella respondió que no. Le dijeron luego que fuera
a la Fiscal’a a rendir una declaración el lunes siguiente. Ella sintió
miedo, pues un d’a después del asesinato de Herminio hab’an ido otros
hombres armados al albergue a hacerle la misma pregunta. Es costum-bre de los
criminales indagar sobre quién posee informaciones precisas que puedan
perjudicarlos, para también eliminarlo.
El jueves 19 de marzo llegaron nuevamente al albergue dos funcionarios de la
Fiscal’a y obligaron a la viuda de Herminio a trasladarse, en un veh’culo,a
la Fiscal’a, sin presentarle ningœn requerimiento escrito dirigido a ella,
para la diligencia. Cuando uno de los misioneros que acompañan a los
albergados les solicitó que se identificaran, respondieron en forma grosera:
"Somos la justicia. Usted cree que si uno fuera a hacer algo vendr’a con el
rostro descubiero y de d’a?".
Una vez en la Fiscal’a ella le manifestó al funcionario que comenzó a
interrogarla, que no estaba en condiciones f’sicas ni ps’quicas para rendir
una declaración y que además no recordaba los rasgos del hombre que se
llevó
a su esposo. El funcionario, en tono amenazante, le dijo: "si a m’ no me
quiere hablar, al Fiscal, que s’ es bravo, le tendrá que contar todo".
Entonces llamó al Fiscal, quien se encontraba en la oficina contigua.
Cuando el Fiscal llegó, le preguntó nuevamente por el hombre que se hab’a
llevado a su esposo. Ella respondió que no lo recordaba y que no estaba en
condiciones de declarar. El Fiscal entonces le dijo: "Aqu’ vienen muchas
personas que no quieren cantar y aqu’ las hacemos cantar. Si tiene mucho
miedo, pues ahora le tendrá que dar mucho más miedo porque usted se puede ir
a la cárcel". Con palabras soeces, el Fiscal pidió que le trajeran un
Código
Penal y le preguntó a su auxiliar: " Cuál es el art’culo de esa mierda que
habla del falso testimonio?" y procedió a leerle algo. Luego dijo: "mejor
cerremos este proceso y abramos uno contra ella. Es que aqu’ me tienen lleno
de papeles pidiendo que qué pasó con la muerte de su esposo, y los llama uno
a declarar y no recuerdan nada; por eso este pa’s está hijueputamente
jodido; les matan sus esposos y no son capaces de decir nada". Cuando ella iba
a irse de la Fiscal’a, el Fiscal le dijo: "Recuerde que cuando matan al
esposo después vienen por la mujer también", y dirigiéndose al auxiliar,
le dijo: "Déle ecuatil para que as’ s’ no se vuelva a acordar de nada".
El 24 de febrero de 1998, varios hombres que llegaron de Bogotá al municipio
de Dabeiba y que dijeron ser de la Fiscal’a General de la Nación, llamaron a
cerca de 10 personas desplazadas, que se encuentran albergadas en una sede
de la Dirección Liberal, para que rindieran declaraciones en el recinto del
Concejo Municipal. Indagaban por la muerte de varios campesinos y solicitaban a
sus familiares rendir declaraciones. A una de las mujeres desplazadas, cuyo
esposo hab’a sido desaparecido en el pasado mes de julio, le preguntaron por
él. Ella respondió que era un campesino dedicado a su trabajo. Los Fiscales
entonces le dijeron que eso no era cierto, que élera un "comandante de las
milicias". Esto dejó profundos interrogantes en las familias de las
v’ctimas. Qué tipo de "investigación" es esa que llega ya con una
"verdad" preconcebida, completamente falsa en opinión de las familias, para
imponérsela a los mismos testigos más cercanos de la vida de las
v’ctimas? Además, qué es lo que investigan dichos fiscales: quién
asesinó o desapareció a las v’ctimas, o más bien: cómo justificar su
desaparición o muerte?
Me pregunto, Doctor Córdoba, qué diferencia existe entre estos agentes de
la Fiscal’a y los demás agentes del Estado y del Para-Estado que han
destru’do con sevicia tantas vidas humanas en la región y que han sembrado
el terror en todas esas comunidades?
suite au prochain message
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Date: 5 Apr 1998 17:46:16 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Le PQ veut taxer l'internet
Le PQ veut taxer l'Internet Québécois
Bonjour,
L'édition de ce dimanche de la version Web de la populaire émission
de télé "Branché" rapporte que le gouvernement du parti Québécois
songerait à taxer les abonnements à l'Internet au Québec, afin
de financer de la production de contenu québécois.
Le url se trouve à http://www.src-mtl.com/tv/branche/76/nouv4.html
et le journaliste responsable de cette nouvele est Barclay Fortin.
J'invite tous les internautes francophone à suivre cette affaire de très
près, car l'avenir du net québécois est en jeu. Il faut se rappeler que
si le financement de contenu sur le web est difficile, ce n'est pas
parce que l'état manque de fonds. En effet les internautes québécois
paient déjà des taxes fédérales et provinciales sur leurs abonnements
au Net ainsi que pour les équipements et logiciels. En plus l'expérience
québécoise a démontrée que des taxes pour produire du contenu
ne retournent pas nécessairement aux créateurs de contenu. Il y a
risque que l'état québécois se serve de cette taxe pour financer son
déficit aux lieu d'aider au développement du web québécois.
L'alerte est lancée !
Roger Dufresne
Montréal, Québec, Canada
**************************************************
ICQ 8294448
De Montréal, Québec, Canada
charduf@cam.org
http://www.cam.org/~charduf/
**************************************************
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Date: 5 Apr 1998 17:46:24 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Renaissance du journal REBELLES!
SPECTACLE BENEFICE POUR LE JOURNAL REBELLES
Le samedi 25 avril des 19h30
Spectacle benefice avec le groupe #LES DILETTANTES# pour celebrer la
renaissance du journal REBELLES.
Au BUIILDING DANSE, 4152 St-Laurent (coin Rachel)
Un Rebelles Nouveau sera lance a cette occasion
Prix des billets: 5$.
Pour infos et acheter des billets a l'avance:
Mario: (514) 495-9271.
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Date: 5 Apr 1998 17:46:32 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Referendum chilien
REFERENDUM CHILI - LETTRE OUVERTE
Regroupement pour un Chili démocratique
Agrupación por un Chile democrático
4105, chemin de la Côte-des-Neiges, app. 16,
Montréal (Québec) H3H 1W9
Téléphones :(514)931-0410 / 353-9227 /
345-0119 / 737-4682
Télécopieurs :(514)353-9227 / 737-7817
Internet :pueblo@sympatico.ca
Résultats du référendum symbolique chilien de Montréal
Le référendum : Le Regroupement pour un Chili démocratique a organisé,
samedi le 7 mars 1998, de 11 heures à 18 heures, au 800, de Maisonneuve
est, un référendum sur la nomination de Pinochet au Sénat de la
République et sur la demande de remplacer la Constitution
anti-démocratique de Pinochet de 1980 par une nouvelle Constitution qui
réponde aux aspiration du peuple. Les citoyens de tous les pays étaient
invités à voter à ce Référendum. De plus, à la fin de la
journée, à la
demande générale, le Regroupement a décidé de poursuivre la tenue du
référendum à plusieurs endroits. Dans les jours qui ont suivi, nous
avons placé des boîtes de scrutin.
Les résultats du référendum symbolique furent les suivants : il y a eu,
jusqu'à présent 3 001 votes, et nous continuons à recevoir des votes par
Internet et par télécopieur.
30,10% des votes étaient de Chiliens et le reste de non-Chiliens.
La très grande majorité était, bien sûr
contre la nomination de Pinochet et pour une nouvelle Constitution.
Mais il y a eu 9 votes pour l'ancienne Constitution, mais nous pensons
qu'il s'agit d'erreurs.
La lutte continue - Maintenons le contact - Développons le réseau: La
lutte au Chili n'est pas terminée. S'il est vrai que Pinochet et ses
militaires constituent la majorité au Sénat, la clameur du peuple exige
le remplacement de la Constitution fasciste de 1980. Nous savons que
cela sera difficile parce que le Sénat doit approuver un tel changement.
Nous croyons fermement que le peuple du Chili doit passer par dessus de ce
Sénat illégal et effectuer son propre plébiscite. Nous croyons que tous
les partis politiques, les organisations sociales, politiques et culturelles
doivent organiser leur propre plébiscite et dénoncer catégoriquement tous
les pièges légalistes qui ont conduit à l'ignominie de porte un criminel
au Sénat de la République du Chili.
Le Regroupement pour un Chili démocratique est un front uni ouvert à tous
les partis, groupes et personnes opposées à Pinochet et à sa
Constititution. Nous vous invitons à vous joindre au Regroupement. Si vous
tes intéressés, communiquez avec nous, et nous vous informerons des
réunions, des décisions, des actions communes.
Patricia Vasquez Andres Fontecilla Rafael Azocar Carmen Pavez
Carmen Concha Antonio Artuso Ernesto Ram’rez Guillermo Jimenez
Andres Ram’rez Tereza Vergara Edmundo Torner’a Oscar Chavez.
***********************************************************************
Montréal, le 27 mars 1998
LETTRE OUVERTE AU PEUPLE QUEBECOIS
Nous remercions à nouveau le peuple québécois, cette fois pour la
solidarité qu'il a manifesté récemment envers les Chiliens demandeurs
d'asile politique au cours de la grève de la faim qui vient de se terminer.
Nous connaissions déjà son esprit généreux et solidaire pendant les
terribles années de terrorisme de la dictature de Pinochet, lorsque le Canada
et le Québec avaient largement ouvert leur porte aux réfugiés chiliens en
1973.
Malheureusement, la diaspora chilienne ne s'est pas arrtée avec le retour
à la démocratie en 1990. Depuis cette date, le gouvernement actuel de la
Concertation, coalition de partis au pouvoir, est régi par la Constitution
fasciste de 1980. Pinochet et les forces armées gouvernent, parallèlement
à l'ƒtat civil, toutes leurs institutions restent intouchables et toutes-
puissantes, les services secrets de la dictature agissent toujours librement,
la Justice ne joue pas son rôle et a pratiquement légalisé l'impunité.
La répression policière et militaire s'est acharnée sur les secteurs les
plus démunis, ce qui a produit un nouvel exode de Chiliens hors du pays.
L'histoire officielle diffuse au monde l'image d'un Chili economiquement,
politiquement et socialement stable. Or l'histoire cachée, la vraie, celle
du peuple, est totalement différente Economiquement, il y a 4 millions de
pauvres. Politiquement, le pays est profondément divisé par le manque de
justice et par l'impunité. Socialement, le pays est malade parce que les
fondements éthiques de la société ont été détruits avec la
légalisation de la criminalité des militaires et la nomination de Pinochet
à l'institution la plus élevée du pays, le Sénat de la République.
Le cas pathétique des Chiliens qui ont fait la grève de la faim, cherchant
un pays plus sûr pour leurs enfants, est une preuve qu'au Chili la
démocratie est seulement pour les puissants, alors que le peuple est
complètement sans défense, situation qui s'agrave aujourd'hui avec la
légalisation de la dictature de Pinochet.
Gr‰ce à la sensibilité et à l'action de l'ƒglise catholique , des
organisations de femmes, d'étudiants et des syndicats du Québec, ces
Chiliens qui ont risqué leur santé et leur vie plutôt que de retourner au
Chili, ont eu droit à une issue digne.
Une fois de plus, merci au peuple québécois!
Carment Concha
Association culturelle Araucaria
Réseau international pour les droits humains
4105, ch. de la Côte-des-Neiges, app. 16, Mtl (Qc) H3H 1W9
Téléphone : (514) 931-0410 / Télécopieur : (514) 737-7817
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Date: 5 Apr 1998 17:50:54 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Communiqu du Parti communiste de Colombie
ACCI0N URGENTE, ASESINATO DE ALCALDE DE LA U.P. EN ARAUCA
RED INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS / MONTREAL. wrote:
ASESINADO ALCALDE DE LA U.P. EN ARAUCA
En medio de la más alta militarización en que se encuentra el municipio de
Fortœl,Arauca, fué asesinado en su casa de reisdencia. a las 8 de la noche
del domingo 29 de marzo, el Alcalde de esta localidad ERNESTO CELIS GARCIA.
Ernesto Celis, era militante destacado de la JUVENTUD COMUNISTA, y alcalde de
Fortœl en representación de la UNION PATRIOTICA.
Este cr’men atenta severamente contra las fuerzas populares de la región y
ponen de presente que la escalada contra representantes populares se presenta
en momentos en que el Estado lanza ofensivas contra las fuerzas insurgentes.
El asesinato del alcalde de Fortœl es considerado como una retaliación por
la actitud firme y consecuente de la población araucana contra la presencia
de grupos paramilitares en la región.
La UNION PATRIOTICA, LA JUVENTUD COMUNISTA y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO,
invitan a denunciar este nuevo crimen y a exigir del gobierno el cese del
terrorismo de Estado, como requisito imprescindible para alcanzar un camino de
paz y justicia social en Colombia.
As’ mismo convocamos a al solidaridad y movilización nacional e
internacional contra el genocidio de las fuerzas legales de oposición.
Bogotá, marzo 30 de 1998
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO.
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Date: 5 Apr 1998 17:51:02 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: CANADA MOVING ON GUSTAFSEN INQUIRY
CANADA MOVING ON GUSTAFSEN INQUIRY CALL VIA AFN LED JUSTICE INQUIRY?
There are indications that the Canadian government may be moving to
address demands for an inquiry into the Gustafsen Lake affair. Federal
Solicitor-General Andy Scott says he is "making plans for an investigation
into the justice system's treatment of natives - led by the Assembly of
First Nations and using last week's RCMP shooting on the Tsuu T'ina
reserve near Calgary as a launching pad." Scott said he is "eager for a
separate probe" that would complement the Alberta provincial government
inquiry into the fatal shootings of mother and child Connie and Ty Jacobs.
According to a Vancouver Sun story taken from the Calgary Herald, the AFN
led inquiry into how natives are treated by the Canadian justice system
would not only examine the Tsuu T'ina shootings, "but also go beyond it."
The Assembly of First Nations has already adopted a resolution committing
it to actively pursue an inquiry into two earlier instances of gross human
rights abuses of indigenous people by the Canadian justice system at Stoney
Point and Gustafsen Lake and AFN Grand Chief Phil Fontaine has himself made
a public commitment to it. The resolution moved by Chief Stewart Philip of
the Penticton Indian Band and seconded by Shuswap Band Chief Ron Jules
commits the AFN to:
"take full responsibility to ensure that a public inquiry takes place into
the actions of the provincial and federal governments at Gustafsen Lake BC
and Ipperwash, Ontario."
The 1995 standoffs by traditionalists at Gustafsen Lake and Stoney Point
over issues of sovereignty, jurisdiction and sacred land, saw Canadian and
provincial authorities responding with massive armed force, killing unarmed
protester Dudley George at Stoney Point. Gustafsen Lake was the largest
paramilitary operation in Canadian history. Neither Solicitor General Andy
Scott nor AFN Grand Chief Phil Fontaine have released further details of
the announced inquiry.
For further information:
http://kafka.uvic.ca/~vipirg/SISIS/gustmain.html
http://kafka.uvic.ca/~vipirg/SISIS/Ipperwash/arch01.html
Solicitor- General of Canada Andy Scott:
mailto:remote-printer.Andy_Scott@16139969955.iddd.tpc.int
AFN Grand Chief Phil Fontaine:
mailto:PFontaine@afn.ca
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
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Date: 5 Apr 1998 17:54:10 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Carta Giraldo, 2/2
JAVIER GIRALDO: CARTA, 2/2
Me pregunto si sus comportamientos y métodos pueden en alguna medida ayudar
a la bœsqueda de justicia o más bien están afianzando la injusticia y el
terror.
Me pregunto si esos millares de desplazados, que han visto asesinar a esposos,
padres, hijos, hermanos, amigos y vecinos; que han visto bombardear
sus aldeas e incinerarlas; que han sufrido agresiones sin cuenta, sin mencionar
las condiciones infrahumanas del desplazamiento y el abandono por
parte del Estado, pueden "anhelar" de alguna manera este tipo de "justicia",
que en lugar de protegerlos los destruye más; que en lugar de brindarles
esperanza de protección frente al futuro y de reconstrucción de todos los
destrozos, se muestra en alarmante convergencia con los comportamientos de
quienes cometieron contra ellos todo tipo de horrores y vejaciones.
Me alarma en extremo, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a empiece a ser vista
por las v’ctimas como un agresor más, que se ensaña precisamente en las
v’ctimas, para hundir-las más en el terror y en la desesperanza.
No cree, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a, en el contexto de la trágica
situación que vive Colombia, debe revisar sus métodos de investigación,
que
se apoyan casi exclusivamente en buscar que los familiares o los allegados a
las v’ctimas sean quienes aporten las pruebas mediante su TESTIMONIO, lo que
los hace responsables del caudal probatorio ante los victimarios, para que
stos ejerzan todo tipo de represalias contra ellos, pero mientras el Estado
no les brinda protección alguna y mientras el mismo TESTIMONIO es envilecido
mediante medidas que lo hacen venal (por recompensas, negociaciones de penas,
delaciones pagadas directa o subrepticiamente, sobornos), o que lo hacen
altamente riesgoso (por intimidaciones, ejecuciones y desapariciones de
testigos, atentados, filtraciones), o que lo hacen inœtil (al ser valorado
arbitrariamente por fiscales y jueces, quienes esgrimen la justificación de
someterlo a las "leyes de la sana cr’tica", sin que tales "leyes" sean
explicitadas jamás ni confrontadas con los testimonios, sino utilizadas como
comod’n encubridor de decisiones preconcebidas, inspiradas en posiciones
ideológicas, intereses o miedos)?
No cree, Doctor Córdoba, que tienen al menos mayores elementos de
protección los funcionarios del Estado para que busquen otra clase de pruebas
que no pongan tan en alto riesgo a las mismas v’ctimas y a sus familias? No
será, acaso, que los fiscales quieren evadir todo riesgo y más bien
descargar todo el peso de los riesgos sobre las v’ctimas y sus familias? Por
qué se busca acumular los riesgos justamente en quienes más han sufrido y
que han sido tan profundamente destru’dos en su hacienda, en sus integridad y
en su psiquismo?
Además, no cree, Doctor Córdoba, que el hecho de buscar "las pruebas" (casi
siempre, si Usted revisa los expedientes, LAS UNICAS PRUEBAS) en el testimonio
de quienes no vieron, ni oyeron, ni participaron, mientras no se
hace esfuerzo alguno por buscar pruebas (esas s’ más valederas) en quienes
s’ vieron, s’ oyeron y s’ participaron en los hechos criminales, es una
formalidad inœtil de administración de justicia? No cree que esto puede
revelar un empeño por llenar los expedientes con diligencias que nada aportan
al esclarecimiento de los cr’menes, aunque puedan justificar formalmente una
remuneración laboral en términos de empleo del tiempo o de páginas
escritas, pero con una consciencia evidente de que el proceso no llegará
jamás a un acto de justicia?
No cree, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a debe controlar más el trabajo
"instructivo" de sus funcionarios, a la luz de lo que es de dominio pœblico
y de las flagrancias sistemáticas? Por ejemplo, si buscan al responsable de
una desaparición forzada de una persona que antes fue v’ctima de
desplazamiento forzado por parte de militares/paramili-tares, acaso la
presencia y el accionar conjunto de militares y paramilitares no constituye una
flagrancia permanente en Urabá?
Acaso los paramilitares no tuvieron un retén un año entero (sobre lo cual
envié a la Fiscal’a numerosas denuncias sin ser o’do) a 4 minutos de la
base
militar del barrio Policarpa de Apartadó? Acaso los paramilitares no se
pasean juntos con los militares en las veredas de San José de Apartadó?
Acaso no accionaron conjuntamente militares y paramilitares en el
desplazamiento forzado de más de 10.000 personas del Bajo Atrato, entre
diciembre y marzo de 1997, y acaso no continœan controlando juntos la zona?
Acaso no es de dominio pœblico que el l’der paramilitar Carlos Castaño
tiene su cuartel general en San Pedro de Urabá, por donde desfilan
frecuentemente altos funcionarios del Estado, periodistas, industriales,
ganaderos, obispos, delegaciones internacionales? Acaso no es de dominio
pœblico que los paramilitares son visibles a toda hora en los municipios del
eje bananero y tienen sus veh’culos ampliamente reconocidos en toda la zona y
sus restaurantes y bares donde todos los d’as se reœnen?
Es tan precario, Doctor Córdoba, el nivel "investigativo" de la Fiscal’a,
para no caer en cuenta de todo eso que es de dominio pœblico?
Cree infundada, Doctor Córdoba, la creencia generalizada en Urabá, de que
los fiscales tienen prohibición de investigar hechos, cuando en ellos puedan
estar implicados militares o paramilitares? Acaso los hechos no llevan a
deducir eso?
Por qué ensañarse, Doctor Córdoba, en pobres viudas destru’das
ps’quica, moral y económicamente, sometidas no solo al terror sino al
abandono y a condiciones de vida que no son propias de seres humanos, para
exigirles que
sean ellas quienes tengan que aportar "las pruebas", pruebas que no tienen,
toda vez que no les permitieron ver ni oir los œltimos momentos de sus seres
queridos, y para que sean ellas quienes tengan que soportar todas las
represalias de los criminales cuando sus abogados lean en los expedientes sus
declaraciones? Por qué no, más bien, Doctor Córdoba, orientar la
bœsqueda de datos hacia el polo de los victimarios, que s’ vieron, que s’
oyeron, que participaron, que son los œnicos que saben las razones o
móviles de sus cr’menes y el lugar donde escondieron o sepultaron a sus
v’ctimas?
Cómo explica Usted, Doctor Córdoba, que, a pesar del clamor nacional e
internacional para que se investigara y sancionara a los responsables del
cruel desplazamiento masivo de más de 10.000 campesinos del Urabá chocoano
el año pasado, la Fiscal’a no hizo presencia en la zona para constatar los
bombardeos y sus efectoss, las amenazas, los saqueos, las destrucciones de
aldeas, cuando la presencia conjunta y coordinada de militares y paramilitares
fue visible en toda la región por todo el año? Por qué la Fiscal’a no
practicó inspecciones "in situ", donde hubieran podido encontrar
a los responsables en plena flagrancia y capturarlos, pues nunca estuvieron
escondidos sino que su presencia y su acción fue pœblica, prolongada y
desafiante ante todos los pobladores de la región? Por qué la Fiscal’a
elude recaudar las pruebas objetivas , directas e incontestables, y se ensaña
en pobres viudas destruidas por el terror, para tratar de obligarlas, con
métodos por demás repudiables, a ser ellas las œnicas responsables de las
"pruebas y, por añadidura, de la impunidad?
Cómo explica Usted, Doctor Córdoba, que, a pesar de las numerosas denuncias
que hicimos el año pasado sobre el retén paramilitar instalado a 4 minutos
de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, donde casi diariamente
eran saqueados los medios de subsistencia de los pobladores del corregimiento
de San José (desplazados, además, de sus veredas), y donde fueron
desaparecidas y asesinadas numerosas personas, la Fiscal’a no haya hecho
presencia ni haya capturado a ningœn paramilitar (en flagranciaa pœblica un
año entero, visibles hasta para numerosas delegaciones internacionales que
pudieron verlos en plena acción) ?
Cómo explica, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a se niegue a recaudar las
pruebas objetivas que están a la vista de todo el mundo durante un año y
luego se ensañe en las v’ctimas para exigir como œnicas pruebas
testimonios
de gente destru’da por el terror, para que sean puestos en alto riesgo ante
los victimarios, testimonios que, lo más probablemente, serán "desechados"
al no aportar los campesinos los nombres precisos de los victimarios, lo cual
es imposible para una v’ctima, que no tiene la autoridad de Estado para
obligarlos a identificarse?
Cree, Doctor Córdoba, que con tales métodos "investigativos" se llegará
algœn d’a a hacer justicia?
Cree, Doctor Córdoba, que el comportamiento de los Fiscales de Turbo y de los
que de Bogotá se trasladaron a Dabeiba el 24 de febrero, es un comportamiento
aceptable en la institución? O deber’an ser retirados=inmediatamente de
sus cargos?
Le ruego, Doctor Córdoba, tener en su consideración los horrores que han
sufrido los desplazados del Chocó que se encuentran en Turbo, as’ como los
desplazados de las zonas rurales de Dabeiba. Si la labor de la Fiscal’a, en
lugar de favorecer la justicia, se identifica con los métodos utilizados por
los culpables de tanta iniquidad, es mil veces preferible que esa labor
desaparezca, para bien de la humanidad.
Con profundo dolor y repudio.
Javier Giraldo M., S.J.
CC:
* Autoridades judiciales y administrativas del Estado.
* Organismos intergubernamentales de derechos humanos.
* Organismos no gubernamentales de derechos humanos.
* Representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.
* Organismos humanitarios internacionales.
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Date: 5 Apr 1998 18:24:14 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Carta Giraldo 2/2
JAVIER GIRALDO: CARTA, 2/2
Me pregunto si sus comportamientos y métodos pueden en alguna medida ayudar
a la bœsqueda de justicia o más bien están afianzando la injusticia y el
terror.
Me pregunto si esos millares de desplazados, que han visto asesinar a esposos,
padres, hijos, hermanos, amigos y vecinos; que han visto bombardear
sus aldeas e incinerarlas; que han sufrido agresiones sin cuenta, sin mencionar
las condiciones infrahumanas del desplazamiento y el abandono por
parte del Estado, pueden "anhelar" de alguna manera este tipo de "justicia",
que en lugar de protegerlos los destruye más; que en lugar de brindarles
esperanza de protección frente al futuro y de reconstrucción de todos los
destrozos, se muestra en alarmante convergencia con los comportamientos de
quienes cometieron contra ellos todo tipo de horrores y vejaciones.
Me alarma en extremo, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a empiece a ser vista
por las v’ctimas como un agresor más, que se ensaña precisamente en las
v’ctimas, para hundir-las más en el terror y en la desesperanza.
No cree, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a, en el contexto de la trágica
situación que vive Colombia, debe revisar sus métodos de investigación,
que
se apoyan casi exclusivamente en buscar que los familiares o los allegados a
las v’ctimas sean quienes aporten las pruebas mediante su TESTIMONIO, lo que
los hace responsables del caudal probatorio ante los victimarios, para que
stos ejerzan todo tipo de represalias contra ellos, pero mientras el Estado
no les brinda protección alguna y mientras el mismo TESTIMONIO es envilecido
mediante medidas que lo hacen venal (por recompensas, negociaciones de penas,
delaciones pagadas directa o subrepticiamente, sobornos), o que lo hacen
altamente riesgoso (por intimidaciones, ejecuciones y desapariciones de
testigos, atentados, filtraciones), o que lo hacen inœtil (al ser valorado
arbitrariamente por fiscales y jueces, quienes esgrimen la justificación de
someterlo a las "leyes de la sana cr’tica", sin que tales "leyes" sean
explicitadas jamás ni confrontadas con los testimonios, sino utilizadas como
comod’n encubridor de decisiones preconcebidas, inspiradas en posiciones
ideológicas, intereses o miedos)?
No cree, Doctor Córdoba, que tienen al menos mayores elementos de
protección los funcionarios del Estado para que busquen otra clase de pruebas
que no pongan tan en alto riesgo a las mismas v’ctimas y a sus familias? No
será, acaso, que los fiscales quieren evadir todo riesgo y más bien
descargar todo el peso de los riesgos sobre las v’ctimas y sus familias? Por
qué se busca acumular los riesgos justamente en quienes más han sufrido y
que han sido tan profundamente destru’dos en su hacienda, en sus integridad y
en su psiquismo?
Además, no cree, Doctor Córdoba, que el hecho de buscar "las pruebas" (casi
siempre, si Usted revisa los expedientes, LAS UNICAS PRUEBAS) en el testimonio
de quienes no vieron, ni oyeron, ni participaron, mientras no se
hace esfuerzo alguno por buscar pruebas (esas s’ más valederas) en quienes
s’ vieron, s’ oyeron y s’ participaron en los hechos criminales, es una
formalidad inœtil de administración de justicia? No cree que esto puede
revelar un empeño por llenar los expedientes con diligencias que nada aportan
al esclarecimiento de los cr’menes, aunque puedan justificar formalmente una
remuneración laboral en términos de empleo del tiempo o de páginas
escritas, pero con una consciencia evidente de que el proceso no llegará
jamás a un acto de justicia?
No cree, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a debe controlar más el trabajo
"instructivo" de sus funcionarios, a la luz de lo que es de dominio pœblico
y de las flagrancias sistemáticas? Por ejemplo, si buscan al responsable de
una desaparición forzada de una persona que antes fue v’ctima de
desplazamiento forzado por parte de militares/paramili-tares, acaso la
presencia y el accionar conjunto de militares y paramilitares no constituye una
flagrancia permanente en Urabá?
Acaso los paramilitares no tuvieron un retén un año entero (sobre lo cual
envié a la Fiscal’a numerosas denuncias sin ser o’do) a 4 minutos de la
base
militar del barrio Policarpa de Apartadó? Acaso los paramilitares no se
pasean juntos con los militares en las veredas de San José de Apartadó?
Acaso no accionaron conjuntamente militares y paramilitares en el
desplazamiento forzado de más de 10.000 personas del Bajo Atrato, entre
diciembre y marzo de 1997, y acaso no continœan controlando juntos la zona?
Acaso no es de dominio pœblico que el l’der paramilitar Carlos Castaño
tiene su cuartel general en San Pedro de Urabá, por donde desfilan
frecuentemente altos funcionarios del Estado, periodistas, industriales,
ganaderos, obispos, delegaciones internacionales? Acaso no es de dominio
pœblico que los paramilitares son visibles a toda hora en los municipios del
eje bananero y tienen sus veh’culos ampliamente reconocidos en toda la zona y
sus restaurantes y bares donde todos los d’as se reœnen?
Es tan precario, Doctor Córdoba, el nivel "investigativo" de la Fiscal’a,
para no caer en cuenta de todo eso que es de dominio pœblico?
Cree infundada, Doctor Córdoba, la creencia generalizada en Urabá, de que
los fiscales tienen prohibición de investigar hechos, cuando en ellos puedan
estar implicados militares o paramilitares? Acaso los hechos no llevan a
deducir eso?
Por qué ensañarse, Doctor Córdoba, en pobres viudas destru’das
ps’quica, moral y económicamente, sometidas no solo al terror sino al
abandono y a condiciones de vida que no son propias de seres humanos, para
exigirles que
sean ellas quienes tengan que aportar "las pruebas", pruebas que no tienen,
toda vez que no les permitieron ver ni oir los œltimos momentos de sus seres
queridos, y para que sean ellas quienes tengan que soportar todas las
represalias de los criminales cuando sus abogados lean en los expedientes sus
declaraciones? Por qué no, más bien, Doctor Córdoba, orientar la
bœsqueda de datos hacia el polo de los victimarios, que s’ vieron, que s’
oyeron, que participaron, que son los œnicos que saben las razones o
móviles de sus cr’menes y el lugar donde escondieron o sepultaron a sus
v’ctimas?
Cómo explica Usted, Doctor Córdoba, que, a pesar del clamor nacional e
internacional para que se investigara y sancionara a los responsables del
cruel desplazamiento masivo de más de 10.000 campesinos del Urabá chocoano
el año pasado, la Fiscal’a no hizo presencia en la zona para constatar los
bombardeos y sus efectoss, las amenazas, los saqueos, las destrucciones de
aldeas, cuando la presencia conjunta y coordinada de militares y paramilitares
fue visible en toda la región por todo el año? Por qué la Fiscal’a no
practicó inspecciones "in situ", donde hubieran podido encontrar
a los responsables en plena flagrancia y capturarlos, pues nunca estuvieron
escondidos sino que su presencia y su acción fue pœblica, prolongada y
desafiante ante todos los pobladores de la región? Por qué la Fiscal’a
elude recaudar las pruebas objetivas , directas e incontestables, y se ensaña
en pobres viudas destruidas por el terror, para tratar de obligarlas, con
métodos por demás repudiables, a ser ellas las œnicas responsables de las
"pruebas y, por añadidura, de la impunidad?
Cómo explica Usted, Doctor Córdoba, que, a pesar de las numerosas denuncias
que hicimos el año pasado sobre el retén paramilitar instalado a 4 minutos
de la base militar del barrio Policarpa de Apartadó, donde casi diariamente
eran saqueados los medios de subsistencia de los pobladores del corregimiento
de San José (desplazados, además, de sus veredas), y donde fueron
desaparecidas y asesinadas numerosas personas, la Fiscal’a no haya hecho
presencia ni haya capturado a ningœn paramilitar (en flagranciaa pœblica un
año entero, visibles hasta para numerosas delegaciones internacionales que
pudieron verlos en plena acción) ?
Cómo explica, Doctor Córdoba, que la Fiscal’a se niegue a recaudar las
pruebas objetivas que están a la vista de todo el mundo durante un año y
luego se ensañe en las v’ctimas para exigir como œnicas pruebas
testimonios
de gente destru’da por el terror, para que sean puestos en alto riesgo ante
los victimarios, testimonios que, lo más probablemente, serán "desechados"
al no aportar los campesinos los nombres precisos de los victimarios, lo cual
es imposible para una v’ctima, que no tiene la autoridad de Estado para
obligarlos a identificarse?
Cree, Doctor Córdoba, que con tales métodos "investigativos" se llegará
algœn d’a a hacer justicia?
Cree, Doctor Córdoba, que el comportamiento de los Fiscales de Turbo y de los
que de Bogotá se trasladaron a Dabeiba el 24 de febrero, es un comportamiento
aceptable en la institución? O deber’an ser retirados= inmediatamente de
sus cargos?
Le ruego, Doctor Córdoba, tener en su consideración los horrores que han
sufrido los desplazados del Chocó que se encuentran en Turbo, as’ como los
desplazados de las zonas rurales de Dabeiba. Si la labor de la Fiscal’a, en
lugar de favorecer la justicia, se identifica con los métodos utilizados por
los culpables de tanta iniquidad, es mil veces preferible que esa labor
desaparezca, para bien de la humanidad.
Con profundo dolor y repudio.
Javier Giraldo M., S.J.
CC:
* Autoridades judiciales y administrativas del Estado.
* Organismos intergubernamentales de derechos humanos.
* Organismos no gubernamentales de derechos humanos.
* Representaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.
* Organismos humanitarios internacionales.
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Date: 5 Apr 1998 18:28:30 -0500
From: acratik@club-internet.fr
Subject: Déclaration à l'ONU pour Mumia
COMITE DE SOUTIEN INTERNATIONAL A MUMIA ABU-JAMAL
ET AUX PRISONNIERS POLITIQUES AUX ETATS-UNIS
- - COSIMAPP -
Antenne française de International Concerned Family and Friends for
Mumia
Abu-Jamal
C/o Librairie le Point du Jour, 58, rue Gay Lussac, 75005 Paris - France
Tel. & Fax : 01 45 79 88 44
DECLARATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DES JUGES-CITOYENS POUR MUMIA
ABU-JAMAL DEVANT
la commission des Droits de l'Homme des Nations-Unies à Geneve, le 2
avril
1998.
Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les Délegues,
Aujourd'hui, Mumia Abu-Jamal qui est aux Etats-Unis le seul combattant
de
la liberte noir a etre condamne a la peine capitale, entame sa seizieme
annee dans le couloir de la mort en Pennsylvanie. Il a toujours clame
son
innocence.
Pierre SANE, le Secretaire General d'Amnesty International, a reconnu en
1997 que Ç le proces original de Mumia Abu-Jamal a probablement ete
contamine par le racisme profondement enracine qui semble entacher
l'application de la peine de mort en Pennsylvanie È. SANE declare que le
Ç
Ministere Public a exploite de maniere abusive d'anciennes affiliations
liant Mumia Abu-Jamal a des groupes politiques noirs afin de pousser le
jury a le condamner a mort. Dans un climat de haine qui perdure envers
Mumia Abu-Jamal È, poursuit SANE, Ç ses chances d'obtenir un procès
equitable ont ete considerablement amoindries È.
En tant que journaliste ayant vigoureusement condamne les brutalites
perpetrees par les forces de la police a Philadelphie, Mumia devint la
cible de leurs représailles. Grace a la subornation de temoins et a des
pratiques illegales, la police de Philadelphie a monte de toutes pieces
une
mise en accusation pour meurtre qui a abouti a sa condamnation a mort en
1982. Mais c'est des l'age de quinze ans que Mumia est devenu la cible
de
la police politique des Etats-Unis et tout particulierement du FBI, a
travers leur programme de contre-renseigement (COINTELPRO) visant a la
destruction du parti des Pantheres Noires. L'examen de la violation
flagrante des droits de l'homme qui caracterise le cas de Mumia revele
les
pratiques abusives de l'Etat a l'encontre des pauvres, des gens de
couleur
et des dissidents devant les tribunaux americains.
En decembre 1997, un Tribunal International compose de vingt-trois
juges-citoyens du monde entier a siege a Philadelphie pour passer en
revue
un ensemble de faits et de temoignages incriminant les accusateurs de
Mumia
Abu-Jamal. Ces juges ont conclut que les Cours de Justice, les
institutions
policieres et penales americaines qui avaient oeuvre a sa condamnation
avaient viole de façon flagrante ses droits constitutionnels et humains.
L'enonce final du jugement du Tribunal International conclut a des
violations si graves qu'elles ont provoque Ç une mise en accusation
injuste, une incarceration arbitraire et une condamnation à mort
illegale
È.
Fonde sur des principes reconnus en matiere de legislation
internationale,
tels qu'ils sont articules a l'article 38 des statuts de la Cour
Internationale de Justice, ce Tribunal International etait habilite a
statuer sur les crimes contre la paix, le crime de genocide et les
crimes
contre l'humanite. Les juges-citoyens ont entendu des synthèses
historiques
et des temoignages etayant la surveillance mise en place par les
autorites
de la ville, de l'Etat et au niveau federal pour espionner les activites
de
Mumia Abu-Jamal, ancien membre du Parti des Pantheres Noires puis
journaliste prime avant d'tre arrete pour le meurtre d'un agent de
police
de Philadelphie en 1981.
L'enonce final du jugement demande que le Haut Commissaire des
Nations-Unies pour les Droits de l'Homme fasse appel aux rapporteurs
spéciaux des Nations-Unies afin qu'ils diligentent des enquetes autour
du
cas de Mumia Abu-Jamal au niveau de leurs juridictions respectives : les
executions arbitraires, sommaires et extrajudiciaires, la torture et les
chatiments cruels, inhumains et dégradants, l'independance du pouvoir
judiciaire. Vu l'injustice grossiere subie par Mumia, le Tribunal a
demande
sa liberation immediate, son exoneration et des dedommagements. De plus,
le
Tribunal en appelle a une enquete judiciaire internationale et
impartiale
autour des agissements du departement de police de Philadelphie, du
programme Ç COINTELPRO È du FBI et de tous les fonctionnaires
responsables
de la condamnation illegale de Mumia.
Le 10 decembre 1997, lors de la Journee Internationale des Droits de
l'Homme, l'enonce du jugement et d'autres documents furent presentes au
Dr
QUISUMBING pour transmission a la Commission des Droits de l'Homme des
Nations-Unies. Au nom de Mary ROBINSON, le Dr Quisumbing a recommande
que
ces documents soient remis en mains propres au Secretaire General des
Nations-Unies, Kofi ANANN, et a l'Ambassadeur des Etats-Unis aupres des
Nations-Unies, Bill RICHARDSON, qui preche le respect des droits de
l'homme dans le monde.
Le philosophe français Jacques DERRIDA a pu dire que le cas de Mumia
Abu-Jamal releve d'une Ç exemplarite È revelatrice des violations des
droits de l'homme les plus flagrantes aux Etats-Unis aujourd'hui : les
brutalites policieres, l'administration raciste de la peine capitale et
le
refus de reconnaitre l'existence de prisonniers politiques. Il est clair
qu'un derapage aussi tragique de la justice aux Etats-Unis merite une
action internationale qu'en tant que delegues vous avez le pouvoir
d'initier.
Merci pour votre ecoute, Monsieur le President et Messieurs, Mesdames,
les
Delegues.
Traduction : COSIMAPP
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Date: 5 Apr 1998 19:04:19 -0500
From: JGA@eureka.qc.ca (Jean-Guy Aubé)
Subject: Un depute federal contacte un comite contre l'AMI
MAI Response from B. Speller, M.P.
From:Judyth_Mermelstein@babylon.montreal.qc.ca,Internet
The following just arrived in my mailbox, in further response to my many
messages and forwards. Draw your own conclusions. I will be writing to Mr.
Speller later.
Regards,
Judyth
- -------------Fwd-----------
April 5, 1998
Thank you for forwarding your views concerning the Multilateral Agreement on
Investment. As you may be aware, I am the Chair of the Committee on
International Trade which studied the MAI issue. When Parliament resumed in
September the Hon. Sergio Marchi, Minister of International Trade, asked the
Committee to study the MAI and hear from as many witnesses as possible
before January 1998 at which point International negotiations began in
Paris. We completed our intensive hearings on the MAI and presented a copy
of our report to the House of Commons in December 1997.
Our Committee heard from a number of witnesses from across Canada and
received numerous written submissions. Many Canadians told us that the
process leading up to the negotiations of the MAI in Paris had not been
transparent enough and they wanted more information. We heard from
witnesses however who said that this had been the most open trade
negotiations ever. You can check out the MAI report on the Web at
http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/commbus/house/fait/reports/faitrp03-e.htm
which includes a number of recommendations which reflected what Canadians
told us.
As Chair of the Committee, I can say that we heard from a broad spectrum of
witnesses. We heard from those in support of the MAI and those strongly
opposed to the MAI. The process was very useful in assisting us in
understanding what the government should be aware of going into the
negotiations and areas of particular concern. The list of witnesses who
appeared before the Committee is included in the MAI report.
The Committee recommended that the Canadian government should be a
contracting Party to the MAI subject to a final text which fully protects
Canadian culture, the environment, labour standards, health, education and
social services at the federal and subnational levels. The Minister of
International Trade has made it clear that the Canadian government will not
sign an agreement that is not good for Canadians. You can also find a
recent speech Minister Marchi gave which clearly outlines his intentions on
the Web at
http://www.dfait-maeci.gc.ca/english/news/staements/98_state/98_008e.htm .
I trust that this information will answer some of the questions that you had
and I would also refer you to the Foreign Affairs web page at
www.dfait-maeci.gc.ca for further updates.
Yours sincerely,
Bob Speller, M.P.
Haldimand-Norfolk-Brant
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Date: 5 Apr 1998 19:16:30 -0500
From: martin@laurentides.net
Subject: Comment l'on prête aux femmes violentées plus de pouvoir qu'elles n'en ont
Madame la rédactrice-en-chef
Journal de Montréal
Madame,
Dans l'article de Bertrand Desjardins du 2 avril, "Gordon Sawyer
encore arrêté!", le Journal de Montréal utilise, à tort, le sous-
titre: "Son ex a porté plainte parce qu'il l'a appelée".
D'abord, vous devez savoir qu'aucun citoyen n'a le pouvoir de
porter plainte au criminel. Il ou elle peut au plus demander à un
policier de le faire. Si un agent accepte de rédiger une plainte, la
décision à ce sujet est ensuite référée à un enquêteur, puis à un
procureur, seule partie autorisée en bout de ligne à porter plainte -
"au nom de la Couronne". En désignant erronément l'ex-conjointe de M.
Sawyer comme responsable de ce processus, il me semble que le Journal
de Montréal ajoute aux dangers qui pèsent actuellement sur la vie de
cette femme et de ses enfants. Il s'agit d'une distinction importante
à maintenir dans n'importe quelle affaire de violence conjugale,
notamment pour poser à l'appareil policier et judiciaire la question
des raisons du non-dépôt de plaintes lors d'incidents ayant précédé
une "tragédie familiale". Des intervenantes en maison d'hébergement
vous confirmeront la difficulté qu'ont la plupart des femmes à
obtenir du système le dépôt de plaintes contre l'homme qui les bat ou
qui les menace de mort.
Ensuite, j'aurais bien aimé apprendre de cet article si M.
Sawyer a transgressé une ordonnance de non-communication en
téléphonant à son ex-conjointe mardi dernier, ou s'il lui a adressé
des menaces à cette occasion. Il me semble que plutôt que de pointer
du doigt la cible de ce comportement, vous auriez pu obtenir de la
police lavalloise le motif de l'arrestation du prévenu.
Pour avoir offert à M. Sawyer une tribune acritique où se
convaincre de son innocence - contrairement à des aveux précédents -,
Le Journal de Montréal porte une part de responsabilité dans l'âpre
lutte que mène aujourd'hui cet homme à son ex-conjointe et à son
ex-employeur. Il me semble que vous devez à vos lecteurs et
lectrices - ainsi qu'aux personnes directement menacées - une
couverture aussi factuelle que possible de ce genre d'affaires,
afin de ne pas jeter de l'huile sur le feu en attisant chez des
agresseurs le sentiment d'être victimisé par leur victime!
Je ne doute aucunement de vos bonnes intentions et vous remercie
de l'attention que vous accorderez à ce dossier.
Martin Dufresne
Secrétaire
Collectif masculin contre le sexisme
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